Una victoria histórica

Escribe Jorge Rivas *

Una victoria histórica

Durante más de un cuarto de siglo, nuestro país fue un territorio alambrado para la justicia, una especie de madriguera en la que se guarecían terroristas de Estado perseguidos penalmente en otros lugares del mundo, por crímenes cometidos aquí, contra nuestro pueblo. No tenían que fugarse a algún país que los pusiera a salvo de la justicia. Gozaban de impunidad aquí, en la escena del crimen.

Ellos habían sido responsables y ejecutores de una política de exterminio que fue la razón de ser de la dictadura cívico militar que azotó a la Argentina desde 1976 hasta 1983. Pero habían obtenido protección legal de un gobierno democrático acosado por la amenaza de un nuevo golpe de estado. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, no nacieron de la convicción de que esos represores carecían de culpa. Por el contrario, nacieron de la convicción de que si no se hacía esa concesión había un peligro real para la democracia.

La corporación militar había vuelto a actuar en defensa de sí misma, había presionado y amenazado con las armas en la mano hasta conseguir la impunidad para el grueso de los culpables. Pero así como los argentinos decimos cada vez con mayor claridad que la dictadura no fue sólo obra de los militares, sino también de algunos de los sectores más poderosos de la sociedad civil, tenemos que decir otra cosa con claridad: la impunidad legal también fue patrocinada por los grandes grupos económicos y por lo más reaccionario de la clase dominante. Se trataba de mantener a salvo a la mano de obra sucia, de tenerla disponible para actuar de nuevo si las circunstancias lo exigían.

La Historia, sin embargo, se obstina en no ser el mero resultado de las decisiones de las minorías dueñas del dinero y de las armas. Y hubo en nuestro país una larga lucha popular por la memoria y la justicia. En ella cumplieron un rol preponderante los familiares de las víctimas, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, y otros organismos de defensa de los derechos humanos. Pero también tomaron parte activa de ella, infatigablemente, miles y miles de luchadores políticos y sociales, trabajadores, intelectuales, artistas populares. Así lo atestiguan las movilizaciones multitudinarias, innumerables publicaciones, canciones, películas.

Lo más genuinamente democrático de nuestra sociedad puso durante quince años el cuerpo y la mente en una causa que no era, como tantas veces se dijo, sed de venganza, sino la más pura vocación de justicia. Esa vocación se estrelló, lo sabemos, contra el poder político, que durante la infame década en la que gobernó Carlos Menem llegó a indultar a los pocos que habían sido condenados o procesados en los primeros años de la democracia.

A fines de 1997, fui elegido diputado nacional por primera vez. Ya formaba parte de la Cámara un compañero socialista que había sido mi referente durante la militancia juvenil, que era mi maestro y mi amigo: Alfredo Bravo. Él era precisamente uno de esos luchadores empecinados por los derechos humanos, además de una víctima de la dictadura, que lo había sometido al secuestro, la tortura y la cárcel. Con él y con Juan Pablo Cafiero, firmé mi primer proyecto de ley. No era otra cosa que el proyecto de nulidad absoluta de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Como era de esperar, la iniciativa fue bloqueada por los bloques mayoritarios. No obstante, a su presentación le siguió un amplio debate público que demostró, por si hubiera hecho falta, que la causa estaba viva, y que éramos cada vez más los que la defendíamos.

Cinco años más tarde, con la catástrofe de fines de 2001 pesando todavía sobre nuestra sociedad, llegó al gobierno Néstor Kirchner, que sorprendió a casi todos con su discurso de asunción. Dijo muchas cosas en ese discurso, que anunciaban el cambio que en efecto iba a sobrevenir. Una de ellas, relacionada directamente con lo que hoy estamos celebrando, fue que no iba a confundir gobernabilidad con impunidad. Era difícil confiar, sin embargo, para quienes nos habíamos convertido, no sin razones, en pertinaces desconfiados.

Kirchner fue demoliendo una a una las razones de la desconfianza, con política, con inteligencia, con extraordinaria valentía. Durante la profunda crisis del primer año del siglo, él había escuchado mejor que nadie el murmullo de las masas, para emplear la notable expresión de Antonio Gramsci. Lo había escuchado y tuvo suficientes agallas políticas para ponerse al hombro sus demandas.

Con hechos y con palabras, Kirchner generó el clima político en el que resultó finalmente posible que la consecuente lucha social por la justicia y la memoria alcanzara una de sus grandes victorias: la anulación de las leyes de la impunidad. El 12 de agosto de 2003, debatimos y votamos en Diputados la aprobación del proyecto cuya sanción completó después el Senado. Si me permiten, querría cerrar estas palabras con uno de los párrafos finales de mi intervención en aquel debate:

“Creo que de ninguna manera —dije entonces— se puede apelar a razonamientos como el de que ‘es tiempo de perdonarnos’. Nosotros no tenemos la facultad ni podemos arrogarnos el derecho de perdonar lo imperdonable, ni de dejar atrás un reclamo que no sólo hacen varios diputados del Congreso de la Nación. Si bien esta es una lucha que se da ahora en sede parlamentaria, es el reflejo de millones de compatriotas que han mantenido viva esta voluntad de justicia, de memoria y de verdad”.

* Diputado nacional

Discurso pronunciado en ocasión de conmemorarse los cinco años de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.


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