TRAS EL GOLPE EN PARAGUAY

La destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, visibilizó cierto estado de la lucha ideológica en el continente, una batalla sobre la interpretación, en la que las fuerzas actuantes no acuerdan siquiera en su descripción. Golpe institucional o parlamentario es la tesis de las fuerzas progresistas y de izquierda, mientras que la derecha afín al neoliberalismo niega esa caracterización. El diferendo indica que está involucrada una serie de prescripciones sobre el deber ser de la democracia.

Tanto en la Argentina como en Uruguay y Brasil las oposiciones conservadoras se alinearon con la segunda interpretación, mientras los gobiernos progresistas iniciaron una vigorosa acción diplomática que culminó en la suspensión temporal de Paraguay en el Mercosur. Tanto Brasil como Uruguay, gobernados por las más antiguas coaliciones de izquierda del continente —el PT y el Frente Amplio— condenaron, en términos generales la destitución y definieron a ésta como un golpe de estado aggiornado. El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, líder del principal partido de oposición, criticó al gobierno de Dilma Rousseff y asumió una postura de disculpa en torno al golpe: “La acción de Paraguay fue muy rápida, políticamente inconveniente, pero no fue ilegal”. También afirmó que la política exterior brasileña ha perdido relieve e influencia en el continente, responsabilizando implícitamente a los gobiernos petistas. Ubicó la causa en la acción del gobierno venezolano, cuya entrada al Mercosur calificó de “grave”. Uno de los cancilleres de su gobierno, Luiz Felipe Lampreia, se definió de igual modo y comparó las sanciones del bloque al gobierno de Federico Franco con la intervención norteamericana contra la rebelión del coronel Francisco Caamaño en Santo Domingo durante los años 60.

En Uruguay, todos los partidos, con la excepción del Frente Amplio, asumieron la causa del golpe institucional. Mocionaron en el parlamento que Uruguay abandone su condición de miembro pleno del Mercosur, en solidaridad con Paraguay. El FA, con mayoría en las cámaras, vetó la iniciativa, pero su soledad no es un dato alentador. Pese a que el FA acordó en torno al golpe, la entrada de Venezuela desató tensiones internas. El representante visible de su ala más conservadora y vicepresidente del país, Danilo Astori, coincidió en esto con la oposición derechista y definió a la inclusión de Venezuela como una “herida institucional letal” al Mercosur.

Más allá de su contexto estrictamente nacional, el golpe contra Lugo ha puesto sobre la mesa una disputa sobre las concepciones existentes en torno a la democracia, sobre hasta dónde pueden avanzar las fuerzas populares en los actuales marcos políticos y cómo se puede vencer al neogolpismo disciplinador que emergió en Honduras y volvió a aparecer en Paraguay.

Isidoro Cruz Bernal