A 100 AÑOS DE LA LEY PALACIOS

En su libro La Justicia Social, una memoria de lo realizado durante sus primeros 50 años de labor parlamentaria, Alfredo Palacios dice: “A principios del siglo XX nuestra gran Capital, orgullosa y altanera, estaba marcada por un estigma repugnante. La República había sido invadida por millares de malvados que efectuaban un comercio vil, y esto afectaba en lo más hondo a nuestra sociedad”. Se refería a lo que por la época se denominaba trata de blancas.

Palacios, el único diputado socialista por entonces, presentó un proyecto para combatirla. La iniciativa consistía en incorporar al Código Penal una nueva figura que sancionara a quien promoviera o facilitara la prostitución, para satisfacer deseos ajenos, utilizando violencia, amenazas o abuso de autoridad. Preveía una pena máxima de 15 años de prisión y el eventual consentimiento de la víctima no liberaba de responsabilidad al autor. Corría 1907 y ningún colega lo acompañó. En 1913, insistió con el proyecto. Y tras demostrar que sólo en la ciudad de Buenos Aires actuaban más de 6.000 rufianes, logró que se sancionara.

Según Palacios, los beneficios de esta nueva ley fueron tan inmediatos que se produjo un éxodo precipitado de los traficantes, y los gobiernos de Chile, Perú, Brasil y Uruguay impulsaron proyectos análogos al suyo.

El avance legislativo lejos estuvo de impedir la trata de personas. No alcanza con que el andamiaje legal castigue determinadas conductas si al mismo tiempo no pocas autoridades son indiferentes cuando aquéllas se denuncian. A lo largo del siglo XX, la política criminal del Estado argentino ha fracasado en desterrar este delito. La alarmante ausencia de sentencias condenatorias a los responsables de trata de personas —el caso Marita Verón es un botón que sirve de muestra— es una manifestación de ello.

El desafío actual es superar lo que Stanley Cohen llama “estado de negación”, esto es “el mantenimiento de un mundo social en el cual la situación indeseable —en el caso la trata de personas— no es reconocida, es ignorada o se la fuerza a parecer normal”.

Hace dos años, un informe del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y su familias reconocía los esfuerzos de la Argentina por combatir la trata de personas y brindar asistencia a las víctimas, pero le preocupaba la baja tasa de enjuiciamiento y condenas, la aceptación de sobornos por parte de la policía y la limitada eficacia de los mecanismos de detección y remisión de las víctimas.

Es necesario destacar que en los últimos dos años fueron rescatadas más de 1.500 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, lo que da cuenta de un trabajo serio y comprometido. La persistencia del delito se apoya en dos factores objetivos de desigualdad estructural: género y pobreza. Casi todas las víctimas son mujeres y casi todas provienen de hogares muy pobres, privados de los medios y las oportunidades esenciales para una vida digna.

La combinación de ambos factores hizo que se acuñara el concepto feminización de la pobreza, lograda expresión que no es más que la forma moderna de decir lo que Alfredo Palacios planteara hace 100 años cuando hizo visible este tema en el parlamento argentino.

Guillermo Torremare