SUBA DE PRECIOS Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL

La prensa hegemónica y la oposición responsabilizan al Gobierno por la inflación, pero ésta reconoce causas estructurales. Mientras aquéllas impulsan el tradicional ajuste, que no resuelve el problema, el dilema es cómo contenerla sin afectar el crecimiento.

La inflación es el aumento de los precios y éstos son un componente de la acumulación de capital, porque en la mayoría de los casos son establecidos por las empresas. El Gobierno sólo fija los impuestos, las tarifas y, en cierta medida, el tipo de cambio. Por esto, si los consultores privados y las estadísticas provinciales dicen que los precios han crecido en los últimos años a poco más de 20% anual, aun en los períodos en que el Gobierno no modificó las variables que puede alterar, la principal responsabilidad corresponde a las empresas, salvo la correspondiente al aumento en los precios internacionales.

Cuando la prensa y parte de la opinión pública atribuyen esas subas al actual gobierno, aparece el supuesto implícito de que las gestiones no peronistas tuvieron baja inflación. Sin embargo, la inflación fue menor durante los gobiernos peronistas que en otros períodos y las situaciones más graves se vivieron en el gobierno radical de Alfonsín y al principio del de Menem, que fue afín al mercado porque implantó la convertibilidad, la libertad de precios y la privatización de empresas estatales, y aceptó todo lo que según la prensa opositora se debe aceptar. La misma fórmula fue continuada por el radical De La Rúa y ambas condujeron al desastre de 2001. Mientras la oposición antiperonista defiende con mayor o menor disimulo el ajuste, los gobiernos peronistas que siguen la línea populista de su fundador desestiman la inflación en favor del crecimiento, en respuesta al retraso argentino operado desde la segunda mitad del siglo XX, pero los que eligieron el ajuste nunca pudieron estabilizar los precios.

En la Argentina, la inflación se explica por una productividad promedio retrasada propia de los países de menor desarrollo, la dependencia de las importaciones para la industrialización, la presión sobre el tipo de cambio de las ramas exportadoras, una actividad financiera proclive a generar inestabilidad cambiaria, una conducta empresaria más inclinada a percibir rentas que a promover la inversión productiva y una dinámica en que la suba de precios seguida de un aumento de los salarios se repite intensificándose, a lo que se agrega una forma de acumulación que incluye la remarcación previa de los precios.

Sólo la incomprensión o la mala fe pueden culpar al Gobierno por las alzas de precios, que constituyen un proceso social. Lo que importa es hacia dónde se dirige la política correctiva. Si va hacia el ajuste, se subordina al mercado y a la plena restitución de la ganancia. La característica del peronismo como movimiento populista y del kirchnerismo como su expresión actual es que, una vez lograda una recuperación salarial, cuando se acelera la disputa de ingresos que impulsa la suba de los precios, se trata de frenarla con un acuerdo social, en que un aumento más moderado de los salarios posibilite un menor incremento de los precios. En cambio, la tradicional política de ajuste limita la carrera de los precios mediante la reducción de los salarios y del gasto social y mayor desocupación. Esta política, pregonada por los núcleos empresarios tradicionales y la oposición, fija una meta inflacionaria y una restricción monetaria que en la Argentina jamás se terminan cumpliendo.

A la vez, en un país en que la acumulación incluye la continua remarcación, el método para imponer el ajuste es desestabilizar al Gobierno y buscar su relevo, porque tanto el agro como la forma de acumulación empresaria más generalizada desdeñan la industrialización, como lo refleja la prédica de la prensa. Si el Gobierno adoptara el ajuste tradicional, se situaría exclusivamente del lado del capital. En su lugar, una vez que consiguió mejorar la capacidad adquisitiva de la población y frente al peligro de que se agudice la tensión inflacionaria y la presión de la crisis mundial, propone el pacto social para defender el empleo y el crecimiento. De otra manera, dejaría que el capital orientara la distribución del ingreso, liberando los precios; entonces, las empresas elevarían las ganancias, con la paradoja de que el ajuste terminaría generando una inflación mayor, como sucedió en la Argentina después de los grandes ajustes.

El alza de los precios internacionales agrandó los ingresos de exportación y las retenciones y los impuestos ayudaron a financiar un desarrollo industrial y un mayor consumo y los salarios crecieron más que los precios. Pero cuando la crisis mundial amenaza afectar el mayor valor recibido por las ventas externas, la actividad industrial muestra signos de contracción y peligra el nivel conquistado por los ingresos, la política expansiva que promovió el crecimiento se vuelca a contrarrestar parcialmente su impacto. En Europa y Estados Unidos también hay estímulos, pero dentro de un ajuste dirigido exclusivamente a recomponer el capital especulativo de los bancos, y la liquidez en dólares descarga parte de la crisis sobre las economías emergentes, mientras que el estímulo local sigue a una política de desendeudamiento contraria a la tendencia financiera dominante en el poder mundial.

En la sociedad contemporánea, la cuestión fundamental que debe resolver la política es si la regulación del Estado que acompaña al mercado favorece a éste, actualmente dominado por el capital financiero, o al crecimiento, para aprovechar la oportunidad abierta a los países emergentes. En la Argentina, si bien el alza de los precios limita la política expansiva oficial, la alternativa del ajuste daría lugar a una presión inflacionaria mucho mayor, como lo demostró la historia económica nacional de la segunda mitad del siglo XX y particularmente la hiperinflación de fines de los años ochenta.

Carlos Ábalo